Resumen: Aunque muchas de las amenazas directas hacia las poblaciones indígenas se han parado de reciente, hoy en día continúa de existir mucha discriminación oficial contra los indígenas, especialmente los que son los más declarados. Pero hay esperanza que la situación cambie lentamente. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de México dijo que se libere a dos activistas indígenas encarcelados hace casi tres años por manifestar contra la venta del agua en su tierra.
Aunque oficialmente, fueron condenados por el robo violento, todo lo que se sabe realmente es que los activistas fueron parte de un programa que trabajaba para bloquear la transferencia del agua pública potable a manos privadas. La Corte Suprema reconoció que hubo unos problemas con el juicio incluyendo la “falta de pruebas” y la ausencia de traductores para la lengua nativa de los presos, el nahual.
Su convicción incluyó una sentencia de siete años. La Amnistía Internacional se alegra que se libere a los presos políticos pero avisa que estos acontecimientos no son únicos sino que reflejan problemas fundamentales con el sistema judicial mexicano.
Análisis: A mi sorpresa, ni los autores ni los expertos entrevistados hablan de las causas del sistema judicial débil. En mi opinión, hay dos factores debidos a la guerra contra las drogas que contribuyen a este fracaso: Primero, la corrupción endémica que contagia todos los niveles del gobierno, pero específicamente el nivel local, asegura que las decisiones alcanzadas por los jueces no sean objetivas. La corrupción de un juez permite que escape un oficial corrupto quien nombra otro juez corrupto, discriminante o por lo menos controlado. El ciclo nunca para. Además estos jueces pueden castigar a los activistas según las instrucciones del gobierno central. Esto me lleva a mi segundo punto. La centralización antidemocrática del gobierno federal mexicano promueve la vulnerabilidad de los oficiales locales contra los carteles. Las ‘reformas’ democráticas que se han promulgado desde la caída del PRI con el nuevo milenio se han anulado de hecho por el gobierno federal que roba atención, dinero y poderes de los estados y las ciudades. Un ejemplo fantástico de esta capacidad del gobierno central fue el deseo de la administración de Calderón de establecer ‘estados de excepción’ en que el ejército dirigiría un lugar por el tiempo que decida que sea necesario. Un sistema judicial local no puede funcionar bien si se puede quitar sus poderes a cualquier instante.
Últimamente, un obstáculo gigante en el camino a ganar la guerra contra las drogas es la incapacidad del gobierno federal de unirse. Con el crecimiento de las elecciones competitivas por los últimos quince años, la paralización de decisiones fluidas y necesarias se ha hecho la norma. Solamente cuando los partidos empiecen a conjuntar sus decisiones y la dirección del gobierno podría México alcanzar su potencial democrático y pacífico especialmente hacia los indígenas. La unificación de los partidos no simplemente garantizará el éxito del gobierno contra los carteles; entonces hay que reparar los problemas estructurales. Sin embargo, la unidad es el comienzo.
En tu opinión, ¿Cuál es la mejor manera de asegurar los derechos legales de los indígenas y los activistas? Además, ¿Qué se necesita hacer para reducir las consecuencias negativas de la guerra contra las drogas? Últimamente, si fueras un ciudadano en México, indígena o no, ¿consentirías a fin de que se establezca el país y restaure paz en una dictadura? ¿Por qué?
